En el marco de la instalación del Primer Comité Departamental de lucha contra la Trata de Personas se pudo establecer que el Departamento del Atlántico será priorizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo económico y fortalecimiento técnico de la Gobernación del Atlántico.
Este Comité que instaló el secretario del Interior, Guillermo Polo, propende por la conjunción de esfuerzos y voluntades de la Administración Departamental, las Naciones Unidas y las autoridades municipales para desarrollar la política de Estado en la lucha contra la trata de personas a fin de reducir el fenómeno desde los enfoques de derecho, género y protección integral de las víctimas.
El subsecretario de Participación Ciudadana y Convivencia del Atlántico, Edgardo Mendoza Ortega, manifestó que el gobernador Verano trabajará a través de programas, proyectos y medidas conjuntas, con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y organizaciones internacionales del tercer sector.
El asesor de la UNODC, Gilberto Zuleta, explicó que se aportará asistencia técnica y financiera para prevenir, reprimir y judicializar este delito en el país que incluye la extracción de órganos, el matrimonio servil, la mendicidad, la explotación sexual y la explotación económica.
Destacó que muchos casos de trata de personas no están siendo denunciados ni visibilizados. Según las estadísticas, el 70% de casos son para explotación sexual y 30% restante para trabajo forzado. En el 2015 hubo, a nivel nacional, 73 víctimas, de las cuales, el 50 % fueron mujeres en la modalidad de explotación sexual.
Ante este panorama, la UNODC propuso al Comité Departamental de Trata de Personas la creación de enlaces con las autoridades municipales para formalizar la ruta institucional y municipal que permita dar respuesta inmediata a los casos.
Según Migración Colombia, Soledad es uno de los municipios más vulnerables a este delito, seguido por el Sur del Atlántico.
TRABAJO FORZADO Y LA ILEGALIDAD
Otro de los escenarios donde converge la explotación y trata de personas es aquel donde muchos jóvenes son llevados a fincas con expectativas de trabajo y son inmersos en los grupos al margen del la ley, señala el informe.
El trabajo conjunto con la Policía Nacional también ha sido clave. El comandante operativo de la Policía Atlántico, Didier Mosquera Tabares, calificó la trata de personas como un "delito invisible" toda vez que no hay denuncias presentadas al Departamento de Policía del Atlántico.
"Aunque los hechos son de conocimiento público, no se denuncian por temor o vergüenza”, dijo el comandante operativo de la Policía.
La trata de personas en Colombia es un delito que se castiga con penas de prisión de 13 a 23 años para quien comercialice seres humanos con fines de explotación
ASESORÍA DE COMUNICACIONES
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
